Tras dos años y casi dos meses al frente de la Editora Regional y del Plan de Fomento de la Lectura, Eduardo Moga Bayona se va. Aduce que las condiciones de trabajo le impedían hacerlo como creía adecuado. Ayer fue su último día en un puesto al que accedió tras superar un concurso al que se presentaron 24 personas. Francisco Javier Amaya Flores (Villalba de los Barros, 1980), segundo en ese concurso, es el elegido por la Junta para suceder a Moga. Amaya es profesor de Lengua y Literatura.
-¿A qué condiciones se refiere?
-Una de ellas tiene que ver con la distribución de los libros, tan esencial como la publicación. Se me advirtió que era muy deficiente. Sacamos un concurso. Aquí empiezan los problemas. Como la Editora es administración pública pura y dura y no una editorial como tal, ha tenido que sacarlo mediante la ley de contratos del sector público. Se publicó al fin el concurso un año y medio después de que dijera que había que hacerlo. Y no se ha resuelto. No me parece normal. Sé que la Administración es lenta, que la ley de contratos, que conozco bien, es formalista. Pero no es normal que para un concurso de 50.000 euros se tarde un año y medio. Eso es una losa insuperable para un negocio muy delicado y complejo como el editorial.
-Usted es funcionario (de la Generalitat catalana). ¿No sabía que se iba a topar con esto?
-No sabía perfectamente que me iba a topar con esto. Ni cuál era la estructura o hasta que punto contaba con un equipo de apoyo. O si hay buenos trabajadores que tienen interés por lo que hacen o se limitan a cumplir funcionarialmente con su tarea. Sabía que era una editora de la Junta. Pero presupuesto, equipo, margen de actuación..., eso te enteras después de entrar. Otro tema es la aplicación del derecho público, la actuación funcionarial en la Administración.
- ¿Lo puede concretar?
-Esto es así porque las normas lo marcan pero todo admite grados, interpretación, incluido el derecho público. No es monolítico. Sobre él se aplican criterios jurídicos y, en última instancia, políticos que determinan esa interpretación. Un mayor margen para hacer cosas, flexibilidad. En estos momentos en la Junta y sospecho que en todas las administraciones hay una interpretación maximalista y literal de la norma.
-¿Por qué?
-Porque hay una psicosis anticorrupción. El funcionario, por definición, no levanta un papel de la mesa si no tiene la absoluta seguridad, avalada por unos cuantos informes. Eso genera situaciones kafkianas, absurdas, desquiciantes. Nadie está hablando de vulnerar la ley pero se puede aplicar de muchas maneras. Y la que se está haciendo ahora es con una interpretación de un integrismo burocrático feroz. La ley te da margen para que, una vez hayas hecho una cosa, no tengas que repetirlo. Por ejemplo, para una reimpresión del libro o una segunda edición volvemos a hacer un procedimiento administrativo cuando ya tenemos un contrato en el que se dice que los derechos se ceden para siguientes ediciones.
-¿No ha habido iniciativa política para desatascar la burocracia?
-Se lo comenté primero al presidente Vara y después a la consejera de Cultura (Leire Iglesias). La respuesta fue la misma. El procedimiento es el procedimiento.
-¿El equipo que ha contado para su trabajo era suficiente y apto?
-Sobre lo primero, absolutamente insuficiente. Sobre lo segundo, eso no te lo contestaré.
-¿De qué equipo hablamos?
-Una jefa de sección que no depende de mí sino de Promoción Cultural de la Junta, que gestiona los papeles de la Editora pero también de los compañeros de cine, de teatro, música... A la jefa de sección se suma una auxiliar administrativo que cuando llegué, al poco rato, entró en baja laboral. Fue sustituido por otro auxiliar pero también compartido con otro servicio administrativo de la Administración. Es decir, la Editora Regional no tiene con ningún equipo propio administrativo. Lo mismo pasa el Plan de Fomento de la lectura.
-¿Se le prometió reforzar esa estructura para mejorar la gestión?
-No se dijo ni que sí ni que no. A eso le añades mis funciones. Tenía dos en una. Director de la Editora Regional y coordinador del Plan de Fomento de la Lectura. Con eso y con unos presupuestos, sobre todo en el plan, irrisorios, se pretende que esto funcione. Irrisorio es 90.000 euros al año más una pequeña partida para monitores de clubes de lectura y los premios de fomento de la lectura.
-¿Con la creación de una Consejería de Cultura no ha habido mejora para la Editora y su trabajo?
-No, pero sí ha tenido efectos en el del plan de fomento de la lectura. Durante dos años tuve cierta autonomía de gestión como coordinador. Eso se acabó hace dos meses. Todas las actividades del plan tenían que recibir el visto bueno de mis superiores. Eso no me perturbó tanto como el hecho de que las condiciones de trabajo ya habían cambiado drásticamente.
-¿Ha habido injerencias políticas que hayan precipitado su salida?
-No las he tenido. Nunca me han dicho lo que tenía que publicar o no. Ni tampoco: 'este no le publiques porque es de derechas o a este sí porque es del partido'. Nunca me ha pasado. Sí que alguna cosa institucional, algún compromiso que se llevaba haciendo desde hace tiempo, pensaba que no era interesante para la Editora y se me ha dicho que había que mantenerlo.
-¿Se va por desilusión, decepción?
-Sí. Tengo la sensación de estar dándome cabezazos contra una pared de papel, administrativa, organizativa desde el principio. Llegas con mucha ilusión, con ideas y te traen para aplicarlas, se entiende, pero ves que toda esa ilusión es pasada por la trituradora administrativa. No es problema político, sino burocrático, de más medios y más adecuados, más presupuesto y de interpretación flexible de la normativa.
Fuente HOY
